21-09-2023 -

Declararon nula la causa de la defraudación con las tarjetas en la Legislatura

Declararon nula la causa de la defraudación con las tarjetas en la Legislatura

Minutos después de las 14 de hoy fue liberado el principal acusado, el puntero del PJ Julio Rigau, conocido como “Chocolate”.

La causa que investigaba una presunta defraudación en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires -y que tenía en alerta a la política bonaerense- fue declarada nula por la Cámara de Apelaciones de La Plata.

Minutos después de las 14 de hoy fue liberado el principal acusado, el puntero del PJ Julio Rigau, conocido como “Chocolate”. Fuentes judiciales informaron que, como consecuencia de la declaración de nulidad, le devolvieron las tarjetas y el dinero que se le había secuestrado. El caso se inició cuando Rigau fue encontrado en un cajero con decenas de tarjetas de débito ajenas. Según la Cámara, la requisa que se le hizo cuando le encontraron las tarjetas se realizó sin la debida orden.

Los investigadores que habían avanzado hasta ahora con el caso sospechaban que estaban frente a un acto de corrupción de inmensurable trascendencia. Creían que Rigau no actuaba solo y que
formaría parte de un armado para financiar una caja negra de la política. La idea era que esa hipótesis se ratificara o descartara con el avance la investigación. Algo que, de confirmarse este fallo, ya no ocurrirá.

El caso estaba a cargo de la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de La Plata, Betina Luky, quien la semana pasada empezó a tomar declaración testimonial a los titulares de las tarjetas de débito. Unos diez testigos declararon en los Tribunales situados en calle 7 entre 56 y 57, y varios aseguraron desconocer quién los nombró como empleados de la Cámara de Diputados.

Rigau fue detenido cuando retiraba dinero de cajeros automáticos con 48 tarjetas de débito de empleados de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Tres de esas tarjetas serían de familiares. Antes de que el caso se declarara nulo, la fiscal buscaba saber si las extracciones por más de 27 millones de pesos realizadas con 45 tarjetas de débito constituían una asociación ilícita para defraudar al Estado.










 

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